Izquierda Unida ha registrado hoy una iniciativa parlamentaria con su propuesta para abordar la reforma del sistema financiero que busca enfrentar “con alternativas concretas, serias y realizables” a la propuesta sobre esta misma materia que mañana tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros.
El trabajo de IU, presentado como proposición no de ley, lleva la firma del portavoz de IU en las Comisiones de Economía y Hacienda del Congreso, Alberto Garzón, y ha sido realizado en colaboración con la secretaría federal que se ocupa de estos mismos temas y cuyo responsable es José Antonio García Rubio. En él se recogen iniciativas de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y de diferentes Asambleas del 15M.
Entre sus puntos más significativos está la creación de un polo de Banca Pública a partir de la nacionalización de las cajas de ahorro, así como la ampliación del papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar la concesión de créditos.
Izquierda Unida parte del hecho de que “la banca privada no cumple su papel de intermediación entre el ahorro y el crédito, pese a los 141.000 millones de euros recibidos en ayudas y avales públicos, a las facilidades crediticias abiertas a tres años por el Banco Central Europeo (BCE), a la nueva línea de avales por importe de 100.000 millones de euros aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y a las nuevas ayudas del FROB anunciadas”.
“El crédito –se explica- sigue sin llegar a las empresas y las familias y, con ello, no existen estímulos para la economía lo que origina destrucción de empleos y recesión económica”.
Izquierda Unida, pionera en lanzar este tipo de propuestas ya desde el comienzo mismo de la crisis en la pasada legislatura, espera contar en el debate parlamentario de la misma con el apoyo de otras fuerzas que mucho tiempo después han visto las grandes posibilidades que supone para enfrentar la grave situación económica. Entre ellas se encuentran desde CiU, a Coalición Canaria, pasando por los documentos congresuales del PSOE que apuntan a una iniciativa similar. Otras fuerzas de izquierda como el BNG han mostrado posiciones coincidentes.
La proposición insiste también en la necesidad de que las ayudas que se prestan a los bancos tengan una contrapartida concreta y explícita en el aumento del crédito a las pequeñas empresas, autónomos y familias, así como que el Estado ejerza los derechos políticos en todas y cada una de las instituciones que reciban ayudas de capital público, bajo una u otra forma.
Las características de la nacionalización de las cajas de ahorro, los SIP constituidos y sus bancos participados serían las siguientes:
a) La propiedad sería pública, pudiéndose respetar las actuales participaciones privadas de capital, desprovistas de derechos políticos y sin que éstas puedan aumentar.
b) El riesgo estaría mutualizado, mediante una institución tipo SIP.
c) Debe asegurarse la gestión y el control democráticos, mediante la correspondiente participación de electos locales y autonómicos, representantes de los trabajadores y de los impositores que rendirán pública y regularmente cuentas, en un lenguaje asequible ante las distintas instituciones públicas. Así mismo, se establecerán mecanismos independientes de control, contrapesos de gestión y de exigencia de responsabilidades administrativas y penales, en su caso, a los gestores.
d) El control económico de las entidades nacionalizadas deberán ser incluido dentro de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
e) Sus objetivos económicos deben ser la concesión de crédito a proyectos públicos, empresas, con prioridad a las pequeñas, y a los autónomos, especialmente en proyectos vinculados a la creación de empleo. Deben estar territorializadas, garantizándose un porcentaje mínimo de crédito en función de los depósitos en cada territorio.
f) En el marco de esa territorialización, respetar las competencias de las comunidades autónomas en materia de control y regulación de las cajas de ahorros, sin perjuicio de que el sistema de cajas pueda articularse de forma mutualizada o mancomunada. Incorporar de manera inmediata a las comunidades en los espacios de toma de decisiones de la reforma del sistema financiero, atendiendo al principio de lealtad institucional, garantizando procesos transparentes y públicos.
g) Deben tener prohibida cualquier actividad especulativa, limitadas las operaciones con derivados, y sin posibilidad de operar desde y hacia paraísos fiscales.
h) Proteger la Obra Social de las cajas y su contribución al bienestar colectivo.
i) Garantizar la conservación del empleo existente en el conjunto del sistema.
j) El parque de viviendas actualmente en su poder deberá ser traspasado a una Agencia Gestora de Vivienda Pública en Alquiler, dependiente del SIP, y constituir una oferta pública de vivienda en alquiler moderado.
El polo de Banca Pública se configuraría también con el despliegue en el territorio del Instituto de Crédito Oficial, el desarrollo de las Agencias Públicas de Inversión de las CC.AA. y la recuperación de las fichas y la actividad de algunos bancos que formaron parte de la Banca Pública española en su día y de la Caja Postal.
La propuesta incluye medidas de regulación de la operativa de la banca privada y el control y limitación de las retribuciones de sus directivos. Finalmente, se propone un cambio en la legislación del Banco de España y exige la dimisión del gobernador del mismo.
El trabajo de IU, presentado como proposición no de ley, lleva la firma del portavoz de IU en las Comisiones de Economía y Hacienda del Congreso, Alberto Garzón, y ha sido realizado en colaboración con la secretaría federal que se ocupa de estos mismos temas y cuyo responsable es José Antonio García Rubio. En él se recogen iniciativas de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y de diferentes Asambleas del 15M.
Entre sus puntos más significativos está la creación de un polo de Banca Pública a partir de la nacionalización de las cajas de ahorro, así como la ampliación del papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar la concesión de créditos.
Izquierda Unida parte del hecho de que “la banca privada no cumple su papel de intermediación entre el ahorro y el crédito, pese a los 141.000 millones de euros recibidos en ayudas y avales públicos, a las facilidades crediticias abiertas a tres años por el Banco Central Europeo (BCE), a la nueva línea de avales por importe de 100.000 millones de euros aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y a las nuevas ayudas del FROB anunciadas”.
“El crédito –se explica- sigue sin llegar a las empresas y las familias y, con ello, no existen estímulos para la economía lo que origina destrucción de empleos y recesión económica”.
Izquierda Unida, pionera en lanzar este tipo de propuestas ya desde el comienzo mismo de la crisis en la pasada legislatura, espera contar en el debate parlamentario de la misma con el apoyo de otras fuerzas que mucho tiempo después han visto las grandes posibilidades que supone para enfrentar la grave situación económica. Entre ellas se encuentran desde CiU, a Coalición Canaria, pasando por los documentos congresuales del PSOE que apuntan a una iniciativa similar. Otras fuerzas de izquierda como el BNG han mostrado posiciones coincidentes.
La proposición insiste también en la necesidad de que las ayudas que se prestan a los bancos tengan una contrapartida concreta y explícita en el aumento del crédito a las pequeñas empresas, autónomos y familias, así como que el Estado ejerza los derechos políticos en todas y cada una de las instituciones que reciban ayudas de capital público, bajo una u otra forma.
Las características de la nacionalización de las cajas de ahorro, los SIP constituidos y sus bancos participados serían las siguientes:
a) La propiedad sería pública, pudiéndose respetar las actuales participaciones privadas de capital, desprovistas de derechos políticos y sin que éstas puedan aumentar.
b) El riesgo estaría mutualizado, mediante una institución tipo SIP.
c) Debe asegurarse la gestión y el control democráticos, mediante la correspondiente participación de electos locales y autonómicos, representantes de los trabajadores y de los impositores que rendirán pública y regularmente cuentas, en un lenguaje asequible ante las distintas instituciones públicas. Así mismo, se establecerán mecanismos independientes de control, contrapesos de gestión y de exigencia de responsabilidades administrativas y penales, en su caso, a los gestores.
d) El control económico de las entidades nacionalizadas deberán ser incluido dentro de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
e) Sus objetivos económicos deben ser la concesión de crédito a proyectos públicos, empresas, con prioridad a las pequeñas, y a los autónomos, especialmente en proyectos vinculados a la creación de empleo. Deben estar territorializadas, garantizándose un porcentaje mínimo de crédito en función de los depósitos en cada territorio.
f) En el marco de esa territorialización, respetar las competencias de las comunidades autónomas en materia de control y regulación de las cajas de ahorros, sin perjuicio de que el sistema de cajas pueda articularse de forma mutualizada o mancomunada. Incorporar de manera inmediata a las comunidades en los espacios de toma de decisiones de la reforma del sistema financiero, atendiendo al principio de lealtad institucional, garantizando procesos transparentes y públicos.
g) Deben tener prohibida cualquier actividad especulativa, limitadas las operaciones con derivados, y sin posibilidad de operar desde y hacia paraísos fiscales.
h) Proteger la Obra Social de las cajas y su contribución al bienestar colectivo.
i) Garantizar la conservación del empleo existente en el conjunto del sistema.
j) El parque de viviendas actualmente en su poder deberá ser traspasado a una Agencia Gestora de Vivienda Pública en Alquiler, dependiente del SIP, y constituir una oferta pública de vivienda en alquiler moderado.
El polo de Banca Pública se configuraría también con el despliegue en el territorio del Instituto de Crédito Oficial, el desarrollo de las Agencias Públicas de Inversión de las CC.AA. y la recuperación de las fichas y la actividad de algunos bancos que formaron parte de la Banca Pública española en su día y de la Caja Postal.
La propuesta incluye medidas de regulación de la operativa de la banca privada y el control y limitación de las retribuciones de sus directivos. Finalmente, se propone un cambio en la legislación del Banco de España y exige la dimisión del gobernador del mismo.
