LA TRIBUNA DE TOLEDO 20/01/2012
Martínez asegura que «no se va a notar» que Leandro Esteban asuma de forma provisional las competencias de Empleo, porque «no se han tomado medidas para activar el mercado»
SORAYA L. HERNÁNDEZ / TOLEDO
Privatizar para «hacer caja» es, en opinión de Daniel Martínez, lo que está haciendo el Gobierno de Cospedal con los diversos planes de ajuste que está poniendo en marcha. Especialmente, citó el coordinador regional de Izquierda Unida, en empleo público, a costa de las condiciones laborales, y de la transformación «absoluta» hacia un modelo privado y «mercantilista» de la sanidad y la educación.
Denunció, en rueda de prensa, que en Castilla-La Mancha se está dejando de invertir y, con ello, se degrada la calidad de los servicios públicos. Además, añadió, la Junta de Comunidades está «malvendiendo» el patrimonio público regional «porque se hace en un momento malo para los mercados». Asimismo, censuró que las medidas del Ejecutivo se «ceben» especialmente con los sectores más débiles como los dependientes e «incumpla todos los acuerdos sociales y laborales alcanzados con los empleados públicos».
Martínez considera que el «mal llamado» Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos se ciñe a «un dogma» presupuestario y que la «obsesión» por el ajuste está generando una nueva recesión económica, más paro y un empeoramiento de las cuentas públicas.
En este punto, denunció que Cospedal, en los meses que lleva gobernando, no haya puesto encima de la mesa medidas para combatir el fraude fiscal o para generar empleo, por lo que reclama la retirada del citado plan.
La Consejería infructuosa.
También en materia de Empleo, Martínez aseguró que «no se va a notar» que Leandro Esteban, tras ser nombrado consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, asuma de forma «provisional» las competencias de Empleo porque, hasta ahora, «no se han tomado medidas que puedan activar el mercado laboral». Por tanto, «que el consejero de Empleo esté de forma interina no se va a notar, porque menos de lo que se ha hecho no se puede hacer», añadió.
No obstante, confía en que esta situación sea pasajera porque esa acumulación de consejerías en una persona «perjudicará a la gestión en áreas que son muy importantes y de mucho peso».
En otro orden de asuntos, valoró positivamente que Castilla-La Mancha disponga de 1.500 millones, tras el acuerdo del CPFF, para hacer frente a la deuda con proveedores, autónomos y trabajadores, pero primó la atención a los ayuntamientos porque «muchos de ellos están contra las cuerdas». A su juicio, muchos consistorios «asumen gastos de la Junta desde hace años y eso les lleva a un callejón sin salida».
