Daniel Martínez: “Suponen sacrificios injustificables que condenan, de
forma innecesaria, a la marginación y la pobreza a miles de personas”.
Por un lado
los nuevos recortes en la ley de Dependencia que entraron en vigor el pasado
miércoles, 1 de agosto, a pesar del rechazo generalizado de la medidas, las
numerosas protestas y reivindicaciones que se vienen produciendo, suponen la
implantación del repago, el despido de los profesionales que hacían posible la
aplicación de la Ley de dependencia y la reducción drástica de las ayudas a los
más necesitados de nuestra sociedad y sus familias. Además del repago que
podría llegar a alcanzar el 90% del coste del servicio, se implanta la
reducción de las ayudas que será de un mínimo del 15% a los cuidadores
familiares.
Por otro lado, en la aplicación concreta de
la Ley 6/2012, de 2 de agosto, de acompañamiento de la Ley 1/2012, de 21 de
febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantía de
los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, la Junta, entre
otras medidas, ha despedido a más de 100 trabajadores y trabajadoras que
realizaban labores tan importantes como valoraciones de dependencia, educación
social o atención a mayores.
El Coordinador regional de IU, Daniel Martínez, ha señalado que “el
Gobierno de Cospedal está aplicando una agenda de medidas con un claro fondo ideológico que suponen la
práctica desaparición del sistema público de servicios sociales, destruyendo y
desmontando incluso la aplicación de la Ley de la Dependencia, lo que sitúa a
esta región en la avanzadilla de la exclusión social y la pobreza”.
Según
Martínez, “se trata de medidas que dado el alto coste social que conllevan, al
afectar a los más vulnerables y necesitados de apoyo, el escaso ahorro que
aportan y que socaban la dignidad de los afectados y sus familias, solo se
pueden calificar de indecentes, más aún teniendo en cuenta que existen partidas
presupuestarias, como la dedicada a los altos cargos de la Junta que han
crecido de forma considerable”.
“En
realidad, lo que persigue claramente el PP es cambiar el modelo que consagran
los artículos 1, 10 y 41 de la Constitución Española basado en la dignidad
personal y la protección social de la ciudadanía como
derecho fundamental, y pasar de un sistema público de protección social
a uno de beneficencia y marginación”, añadió Martínez.
Por último
desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha han querido expresar su apoyo a las
movilizaciones convocadas por los trabajadores de la Junta, así como su respaldo y solidaridad a la Plataforma en
Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha.