sábado, 20 de agosto de 2011

IU exige explicaciones y el cese a la Delegada del Gobierno.



Esther López Barceló, coordinadora federal del Área de Juventud de IU, denuncia que “el Gobierno no ha garantizado de forma efectiva el derecho de manifestación de los convocantes ”, así como la “despreciable utilización electoralista y política que el Partido Popular está haciendo de lo ocurrido”

La coordinadora del Área Federal de Juventud de Izquierda Unida, Esther López Barceló, ha instado a la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, como responsable del Ejecutivo estatal en el “deplorable y nefasto dispositivo policial perpetrado contra la manifestación de protesta por los privilegios económicos de la visita pastoral privada de Joseph Ratzinger a Madrid”, así como al Ministerio del Interior, a que ofrezcan “explicaciones de inmediato y, acto seguido, la delegada sea cesada ante su demostrada incapacidad de previsión e intolerable provocación a los organizadores antes, durante y después del desarrollo de la protesta cívica y pacífica desarrollada ayer con gran éxito”.

López Barceló denuncia que “el Gobierno, a través de su responsable política en Madrid, no ha garantizado de forma efectiva el derecho de manifestación de unos organizadores que en todo momento cumplieron y sortearon todas las trabas impuestas para desarrollar con seguridad y garantías una manifestación que contaba con todos los permisos legales”.

“El éxito de la manifestación –afirma la dirigente de IU, que formó parte de la amplia delegación de esta formación que respaldó la marcha- pudo concretarse pese a las importantes trabas desplegadas precisamente por quienes debían velar por la seguridad y los derechos de sus participantes. El corto recorrido de la manifestación seguía sin estar libre una vez empezada ésta, los manifestantes tuvieron que desenvolverse en muchas zonas entre el tráfico y soportar las provocaciones de quienes se concentraban a lo largo y en los edificios de su recorrido, que se acentuaron al llegar a la Puerta del Sol”.

López Barceló explica que “no existe ninguna justificación política ni operativa, ni siquiera que el número de manifestantes sobrepasara con creces las previsiones de la Delegación del Gobierno, para responder a la falta de medios policiales que garantizaran el normal ejercicio de su derecho de manifestación de los participantes”.

“Ni el ambiente convenientemente caldeado política y mediáticamente por la derecha contra la marcha, ni los antecedentes del fanático religioso con supuestas inclinaciones terroristas detenido fueron suficientes para abrir los ojos a la delegada Carrión”, afirma.

En su opinión, “sólo al final, cuando la tensión y el acoso hacia los manifestantes era más que visible, fue cuando la Policía intentó apartar a los grupos que entorpecían deliberadamente la marcha, muy bien informados de su recorrido y desarrollo, y a quienes la pasiva actitud policial animaba a incrementar su decisión de reventar la protesta cívica”.

Del mismo modo, la responsable del Área de Jóvenes de IU denuncia “la injustificada y desproporcionada carga policial posterior en la Puerta del Sol, producida sin ningún tipo de diálogo previo con quienes allí se encontraban en ella y consecuencia directa de la falta de previsión que le precedió y que se trató de arreglar con el uso de la fuerza”.

Esther López Barceló valora también la “despreciable utilización electoralista y política que el Partido Popular está haciendo de lo ocurrido. Para el PP, tal y como demuestra su portavoz, González Pons, todo vale con tal de sacar votos. Ni les preocupan realmente los participantes a la visita religiosa, ni mucho menos los derechos de los manifestantes de la marcha laica”.

Asegura que “esta derecha, con la inestimable ayuda de los máximos responsables de las instituciones municipales y autonómicas madrileñas que controla, se sigue permitiendo ordenar por dónde debía o no discurrir una manifestación pacífica. El PP sigue en la mejor tradición del lema ‘la calle es mía’ que algunos, como González Pons, parecen seguir añorando en democracia y en un Estado supuestamente aconfesional”.