En este momento existe la duda de hasta que punto el poder nacional de un presidente, de una cámara de representantes o de un partido que se ha impuesto en unas elecciones democráticas –no entraremos ahora a valorar, aunque sí dejar constancia, que podrían ser aún más democráticas con una Ley Electoral justa- es real o ficticio. Ya hemos visto que los gobiernos de los países que más están sufriendo el impacto de la crisis tienen que plegarse en no pocas ocasiones, y no carentes de importancia, al dictamen de “otros” no elegidos por los ciudadanos y ciudadanas del país en cuestión. En algunos casos intuimos quien son esos “otros” y, como hemos visto y vivido, en otras ocasiones ni siquiera los conocemos y los llamamos, como el que se refiere a una entelequia, “los mercados”.
El último mandato de estos “otros” parece verse plasmado en la Reforma de la Constitución planteada por el presidente del gobierno, el Sr. Rodríguez Zapatero, y aplaudida por el Sr. Rajoy. La posición de IU es totalmente contraria a esta reforma y a la manera de llevarla a cabo. Por ejemplo creemos que eso repercutirá negativamente en el actual Estado del Bienestar, (y también podríamos debatir este término) ya que si la Carta Magna marca “prioridad absoluta al pago de la deuda”, podríamos encontrarnos con que en momentos como estos, de crisis económica, no pudiéramos gastar el dinero que las pensiones, subsidios de paro o ayudas requieren. Está claro que gastaríamos menos, no cabe discusión en ese aspecto, pero ¿dónde se reduciría ese gasto? Por desgracia en asuntos como los mencionados y quizás otros “no rentables” para los Estados (entiéndase todos aquellos que suponen un coste que no espera o no produce un ingreso). Esta reforma, además, supone la aceptación o introducción en la Constitución Española de una regla ideológica, en este caso neoliberal, y, por lo tanto, hace que nuestra Constitución quede ideologizada a favor de un sentimiento y, por ende, contra otros. La norma a introducir no es otra que “Gastar a razón de lo que se ingresa” o “no superar un déficit concreto”. Esta idea dicha así, sin más análisis, no debe llevar a escándalo a ninguna postura ideológica y es fácil que la sociedad entienda, y comparta, lo que parece decir a priori. Sería algo como “si ingresas 10 no puedes gastar 15”. Estamos de acuerdo. La izquierda no defiende un gasto superior al ingreso infinito, un déficit perpetuo ni una política económica no equilibrada. La cuestión está, y esto es lo que introduciremos en nuestra Constitución, en que se consagra cuál es la manera de encontrar ese equilibrio presupuestario que todos buscamos (y deseamos). La única forma de conseguirlo no es la reducción del gasto, ya que, en realidad, existen otras formas de equilibrar un presupuesto. Muchos pensamos que el equilibrio debe llegar mediante el aumento de los impuestos progresivamente. Imaginen, por un momento, que la frase que introdujéramos en la Constitución no fuera algo como “reducir el gasto hasta equilibrar”, sino “en caso de déficit presupuestario no se podrá reducir, en ningún caso, en gasto o medidas sociales y para ello se recurrirá al aumento de los ingresos mediante impuestos progresivos”. Ambas soluciones nos dan el mismo resultado: Equilibrio presupuestario. ¿Creen que “los mercados” aceptarían esta solución? Por supuesto que no. Por lo tanto queda claro que la finalidad última no es proteger aquello (Estado de Bienestar) que podrías proteger constitucionalmente con la segunda fórmula.
Tampoco nos extenderemos en los motivos formales que también nos posicionan en contra de tal actuación. Siempre hemos oído, en diversos discursos o entrevistas a los más famosos políticos del panorama nacional, que una reforma de la constitución es muy complicada, necesita gran consenso, requiere unos trámites que… En definitiva, y según se demuestra ahora, excusas para no cambiar una Ley Electoral a todas luces injusta o, como se escuchó hace un par de años en un debate superficial, para no introducir la igualdad en la sucesión a la Corona. Por lo tanto intuyo que esta reforma, que se hará en tiempo record, demuestra que o bien no es tan difícil si se quiere o se hará deprisa y corriendo sin meditarla demasiado. ¿Es lógico que un gobierno totalmente agotado realice tal gestión en la prórroga de su mandato? ¿No sería más lógico que introdujeran tal medida en sus programas para las Generales ´11? ¿No es lógico que pregunten al pueblo para modificar la Constitución? Hemos llegado a un punto donde los programas electorales son reversibles, los poderes económicos dirigen la política del país y, ahora, también deciden cuándo y para qué hay que retocar nuestra Carta Magna. Como ven produce serias dudas tanto el contenido como el continente de la medida.
Por último destacar el verdadero semblante de esta reforma que llega a tener en contra, incluso, a diputados y destacados miembros del PSOE y, curiosamente, sea aplaudida por la derecha política del país. Los detractores de la medida y de las formas crecen. Además de los partidos como IU, ICV, BNG, etc… se unen a las dudas los partidos nacionalistas CIU y PNV –habituales compañeros de viaje de PP y PSOE en los gobiernos- y vamos más allá para encontrar a distintos nombres del PSOE que ya han dejado clara su postura contraria. Antonio Gutiérrez (diputado del PSOE) ya ha comentado que votará en contra; Fernández Vara (secretario general del PSOE extremeño) asegura que se opondrá “si no se explica por qué no se somete a referéndum”; José Antonio Griñán (presidente de la Junta de Andalucía) cree que es un “disparate” que se modifique la Constitución con “argumentos coyunturales”; Manuel de la Rocha y José Antonio Pérez Tapias parece que tampoco apoyarán la reforma en el congreso; el PSC tampoco lo ve claro; Josep Borrell (destacado miembro del PSOE) no entiende que ha cambiado en una semana para llegar a esta decisión; por último destacar la frase de Jordi Sevilla (ex ministro del PSOE) "la mayor crisis económica provocada por el sobreendeudamiento privado instigado por la banca privada se arregla prohibiendo la deuda pública". Incluso los cabezas del Partido Socialista Zapatero y Rubalcaba, los mismos que arrojaron a la basura el programa con el que consiguieron el apoyo en las elecciones de 2008, se mofaron hace un año, junto a Elena Salgado, de esta propuesta cuando la realizó Mariano Rajoy. ¿Deberían ahora mofarse de ellos mismos?
Está claro, el PSOE piensa realizar el último arreglillo para que los nuevos inquilinos de la casa encuentren todo a su gusto. Está claro que el PSOE ha terminado de romper los lazos que le unen a su base social y que el juicio popular puede ser de una magnitud y severidad que no encuentren palabras para explicarlo. Solo recordar que a los presidentes no los juzga la Historia sino los ciudadanos y ciudadanas del país y es a estos a quién se deben.
Por último, pensamos que toda persona con sentimiento de izquierdas debe tener una postura común contra esta reforma, independientemente de los partidos a los que podamos representar en un momento dado. Es el momento de que esta base social diga que hasta aquí se ha llegado. Seguro que en esa posición se encuentran con otros y serán recibidos de buen grado. Si los socialistas que ostentan cargos de representación o gobierno bajo las siglas del PSOE no gritan “basta” hoy, serán tan responsables como aquellos que tomen las medidas mañana.
Jacobo Medianero Millán
Coordinador de Izquierda Unida
de Mota del Cuervo